El portal Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), publica hoy un informe sobre el que podría ser el verdadero destino de las armas de guerra que incautó un destacamento especial de la Policía antidrogas en la comunidad de Socos, en Ayacucho.
Los 120 fusiles AKM y las casi 42,500 municiones, formarían parte de un contrabando de armas, que cada cierto tiempo, malos militares y policías realizan a favor de firmas de narcos o senderistas.
Aunque nos escandalice, este tipo de corrupción, que conlleva un acto de abierta traición, es más común de lo que imaginamos. Es más, la cantidad, 120 fusiles y decenas de cacerinas de municiones de guerra, resulta insignificante comparada con la millonaria transacción que efectuó en 1999 Vladimiro Montesinos, cuando trianguló la adquisición de 10 mil fusiles kalashnicov de origen jordano para las FARC.
A parte, se especula que Montesinos dirigía la mafia que extraía armas de los cuarteles de las FF.AA peruanas para vendérselas a las guerrillas colombianas.
Organismos independientes, que controlan las partidas presupuestales de las agencias de Estados Unidos, afirman tener conocimiento que la CIA entregó a Montesinos más de 10 millones de dólares para financiar la Dirección de Inteligencia contra Narcóticos entre 1990 y el 2000.Tienen casi la certeza que la mayor parte de esos fondos, y los instrumentos de logística que le facilitaron, habrían ido a parar a manos de terceros, incluso, a dominio de las propias mafias de drogas.
En las pocas entrevistas y contactos con periodistas que han tenido los mandos terroristas de las zonas cocaleras, se ufanan de adquirir su armamento, no solo de los grupos de sicarios de las firmas y carteles o de emboscadas a las fuerzas del orden, sino que siempre hablan de la compra de la mayoría de su arsenal a las propias FF.AA y FF.PP.
Y, como estaría por demostrarse, las adquisiciones no la hacen de una en una, o a subalternos que - por premura económica- negocian su segunda arma de reglamento. No.
El operativo realizado en la ceja de selva ayacuchana, fue ejecutado por un grupo especial de la Dinandro, financiado por la Embajada de los EE.UU, que se nutre de logística e información de la DEA y CIA. Ellos hacen operativos relámpago (“golpean”) a puntos neurálgicos de la cadena del narcotráfico, sin consultar con las autoridades locales, por temor a que se filtre la información.
Parece increíble, pero este grupo actúa así, de manera autónoma (no reporta al comando central de la Policía) y “golpea” en forma inopinada.
Se maneja en forma independiente. Hasta sus sueldos son pagados por las agencias norteamericanas de seguridad. Ni que hablar de la logística. Los autos, camionetas y todo vehículo para enmascarar seguimientos y operaciones de espionaje, son proporcionados por el gobierno de EE.UU.
Por ello se explica que los que intervinieron en esta interceptación, dieran parte del hallazgo sin prestarse a apañamiento alguno ni al conocido “espíritu de cuerpo” que oculta las faltas y delitos cometidos por sus compañeros de armas.
Antecedentes
El recorte de financiamiento para las operaciones de interdicción, tiene su origen en abril del 2001 con la desastrosa interceptación que realizaron aviones FAP en la selva peruana contra una nave de misioneros estadounidenses que volvían de Brasil. En esa oportunidad fallecieron una misionera y su hija de 7 meses de nacida. Sobrevivieron su hijo mayor, su esposo y el piloto.
A raíz del cese de la interdicción aérea contra las avionetas que trasladan drogas fuera del país, el narcotráfico se rehabilitó y retomó poder en las cuencas productoras, antes de pasta base, y ahora de cocaína pura.
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