jueves, 10 de julio de 2014


AÑO DE LA BARBARIE


10 de julio de 2014
Fuente original Caretas

Apenas a dos semanas de estrenarse como ministro del Interior, Daniel Urresti enfrenta las voces que en tromba piden su renuncia.

Estas ya traspasaron las fronteras del país y el martes 8 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA) y la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF) emitieron un comunicado conjunto en el que “instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal”.

Pero, a juzgar por su frenética actividad mediática de los últimos días, el general EP ( r ) no tiene entre sus planes hacer maletas.

El ministro asumió un sensible despacho –más si se considera el proverbial recelo entre militares y policías– y cultivó desde el primer día un estilo proactivo con el que debe simpatizar un sector de la población, agobiada por la inseguridad y criminalidad rampante.

Pero el caso en el que se encuentra envuelto va mucho más allá de titulares y golpes de efecto.

El flamante Ministro del Interior se encuentra en un verdadero aprieto.

El 17 de junio del 2013, cuando llevaba tres meses como Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), el Segundo Juzgado Penal de Huamanga le abrió investigación judicial por el asesinato del corresponsal de CARETAS, Hugo Bustíos, ocurrido en Huanta, Ayacucho, el 24 de noviembre de 1988. La Fiscalía solicitó que se le incluya como autor material del crimen. El juez consideró que solo ameritaba ser considerado autor mediato.

El 20 de agosto acudió a rendir su manifestación a Huamanga. Era la tercera citación que se le hacía. El juez Rolando Crespo Gutiérrez le advirtió que si no acudía lo convocaría de grado o fuerza.

Urresti llegó acompañado de sus abogados Arturo Conga Soto y José Alberto Montoya Pizarro. En su manifestación judicial, reconoció que fue jefe Inteligencia y Contrainteligencia del cuartel de Castropampa en Huanta, en 1988. Admitió que su seudónimo era “Capitán Arturo”. Tenía 32 años.

Perteneció al arma de Comunicaciones, pero sostuvo que cuando llegó a Ayacucho, el comandante EP Víctor La Vera Hernández, jefe político-militar de Huanta, le pidió que se encargue “interinamente” de la oficina de Inteligencia.

Negó tener manejo de tropa ni agentes para realizar operativos de inteligencia y rechazó los testimonios de los testigos que lo acusan de haber participado en el crimen de Bustíos. Urresti permaneció en Huanta hasta diciembre de 1988. En su siguiente destaque, en Tacna, entre 1990 y 1994, fue jefe del departamento de inteligencia del Ejército. El oficial de Comunicaciones, parece que algo había aprendido del oficio.

Urresti dijo ante la Corte que el mayor EP (r) Amador Vidal Sanbento, ‘Ojos de Gato’ y el adjunto de Logística Edgardo Montoya Contreras lo acusan en venganza porque “a ambos los sancioné por actos de indisciplina, lo que perjudicó sus carreras militares”, en 1988.

Por cierto, los actos de indisciplina sancionados no fueron por el asesinato de Bustíos, el 23 de noviembre de 1988 en los pagos de Erapata, a 20 minutos en motocicleta de Huanta. Simplemente por el robo de autopartes y abandono de destino.

El caso no se hizo público sino hasta el miércoles 2 pasado, cuando el programa de Glatzer Tuesta, en IDL Radio, detonó la bomba.

CASO EMBLEMÁTICO

En junio del 2007, la Sala Penal Nacional condenó al comandante EP Víctor La Vera Hernández, jefe del Cuartel de Castropampa en Huanta en 1988, a 17 años de prisión, como autor intelectual del asesinato de Hugo Bustíos, y al mayor EP Amador Vidal Sambento a 15 años por ser el autor material del homicidio.

Un año después, en setiembre de 2008, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema presidida por Javier Villa Stein ratificó la sentencia de primera instancia contra La Vera y Vidal. También ordenó seguir con la investigación hasta hallar al resto de responsables.

Vidal Sanbento conocido como ´Ojos de Gato´ y el oficial Johnny Zapata llamado ´Centurión´ fueron identificados por varios pobladores de Erapata entre los militares que dispararon contra el corresponsal de CARETAS y Rojas.

Alejandro Ortiz atestiguó ante la Policía que fue ´Ojos de Gato quien tras las ráfagas de metralla, se acercó al cuerpo tendido de Bustíos y le arrojó una granada.

Ójos de Gato´ era jefe de rondas campesinas del Cuartel de Castropampa y reconocible por los comuneros con quienes coordinaba las labores antisubversivas en 1988.

Fueron casi 20 años de vía crucis judicial, con un archivamiento en el fuero militar y amedrentamientos a magistrados y testigos en el camino antes de que se dictara justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debió intervenir para requerir que el crimen no quedara impune.

En 1989, Ortiz sería asesinado presuntamente por senderistas. Hilda Aguilar, entonces de 18 años, se reafirmó sobre lo que vio en el juicio de la década del 2000.

Hasta entonces el nombre de Urresti no había sido mencionado.

Recién en abril del 2008, Vidal Sanbento y Montoya Pizarro lo involucraron sorprendentemente ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho. Lo que Vidal le dijo al periodista Abilio Arroyo (ver nota siguiente) fue ratificado ante el Ministerio Público.

En ese momento, Urresti era general en actividad del Ejército.

LA VERA EN PALACIO

Los condenados permanecieron dos años en el penal San Jorge, pero en el 2009 fueron recluidos en el penal militar Virgen de Fátima de Chorrillos. En 2011, a La Vera se le concedió la semilibertad por “buena conducta”, según el INPE.

Idéeleradio reveló que el condenado La Vera Hernández se presentó a una convocatoria de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), cuerpo de asesores del Presidente de la República adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, el viernes 4.

La Vera postuló al cargo de especialista en doctrina de Seguridad y Defensa. Pese a sus antecedentes penales, calificó segundo en la evaluación curricular y quedó expedito para rendir el examen de conocimientos programado para el pasado lunes 7 de julio.

Tras el escándalo, su postulación fue dejada sin efecto. El jefe del Sedena es Walter Astudillo Chávez, un general de brigada en retiro del Ejército.

Ésta semana en su domicilio, en la calle Buganvillas 285, en la urbanización Valle Hermoso, en Surco, no dieron razón de su paradero.

Si el Ministro del Interior capturase a La Vera para que cumpla lo que le queda de sentencia, acaso podría salvarse políticamente.

MEA CULPA

Apenas estalló el escándalo, Urresti reveló que informó de su situación judicial al presidente Ollanta Humala antes de ser nombrado como Ministro, el 23 de junio. Comprometería la figura presidencial, un acto cercano a la deslealtad.

Por el momento, el Presidente ha cerrado filas con su Ministro. “Cuando se le propuso la cartera me puso en conocimiento de este tema; se le pidió unos papeles que eran pertinentes verlos, lo vieron los abogados (...) No vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”, confirmó Humala el jueves 3.

Cierto, Urresti no ha sido juzgado ni condenado. No necesariamente es culpable. Quienes lo acusaron fueron inequívocamente sentenciados como los homicidas de Bustíos y no mencionaron su nombre durante años.

Pero aquí hay un proceso abierto que se deben resolver ante la Justicia, no por intuiciones de quien encabeza el Ejecutivo.


“Que un ministro llamado a defender los derechos humanos tenga un esclarecimiento pendiente por un delito de extrema gravedad en esta materia es, además, groseramente ofensivo a los valores de un Estado democrático”, señaló en un comunicado el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), el lunes último. La institución consideró que “la condición judicial de Urresti es incompatible con el cargo que ostenta”.

A similares consideraciones arribó el Consejo de la Prensa Peruana (CPP). 

El titular de la Tercera Fiscalía Nacional, Luis Landa decidirá si el expediente de Ayacucho amerita la apertura de un proceso penal contra el Ministro del Interior. La crisis Urresti amenaza con convertirse en un escándalo de resonancias internacionales. Que baje al llano. Como cualquier ciudadano.
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El primer testimonio acusatorio del principal autor material del asesinato de Hugo Bustíos.

Lo Que Vio ‘Ojos de Gato’


Amador Vidal Sanbento, “Ojos de Gato” abandona la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el 2008.

En septiembre del 2008, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por el vocal Javier Villa Stein, ratificó la sentencia de primera instancia que impuso 17 años de prisión al comandante EP (r) Víctor La Vera Hernández y otros 15 años de cárcel para el comandante EP (r) Víctor Amador Vidal Sanbento por el asesinato de Hugo Bustíos, en Huanta, en 1988.

Un año antes, en noviembre del 2007, Sanbento, “Ojos de Gato”, llamó por teléfono al periodista Abilio Arroyo, colaborador de CARETAS y huantino como Bustíos. Arroyo fue sucedido por Bustíos como nuestro corresponsal en Huanta.

Pocos días después, Arroyo visitó a “Ojos de Gato” en el penal San Jorge y esto fue lo que dijo el autor material principal del crimen de Hugo Bustíos.

“ME TRAICIONARON”

“Gracias por venir. Ahora sabrás toda la verdad sobre la muerte de tu colega”, dijo Vidal Sanbento, recluido en el pabellón de Prevención del penal San Jorge.

El rostro desencajado, los ojos vidriosos daban la sensación de que se encontraba en un estado ansioso.

“Los que realmente planificaron y mataron a Bustíos es Daniel Urresti Elera y ese concha de su madre que está allá”, aseguró furioso Vidal Sambento, señalando al coronel Víctor La Vera Hernández, un individuo canoso que departía con familiares la visita dominical en una de las mesas del patio de Prevención.

–Entonces, ¿ya no son amigos?
–Ese mierda me engañó. Me dijo que no hablara la verdad porque iba a empeorar las cosas. Me aseguró que iba a salir libre. Y ahora quiero que se sepa que acá hay un culpable que está libre y sigue en actividad en el Ejército. Ese es Daniel Urresti Elera.

–¿Quién es Urresti Elera y cuál fue su participación en el asesinato de Bustíos?

–Urresti era el capitán “Arturo” y responsable de la Sección de Inteligencia S-2 en el cuartel de Castropampa (Huanta). Tenía como función principal reportar información sobre los terroristas y colaboradores en la zona. El suboficial Jhonny Zapata Acuña, “Centurión”, trabajaba con él. Ambos reportaron a La Vera Hernández que Bustíos era colaborador de los terroristas en Huanta. Por eso decidieron eliminarlo. La Vera Hernández aguardó la mejor oportunidad para eliminarlo y esta se presentó cuando los terroristas asesinaron a una campesina y a su hijo en los bajíos de Huanta, en la noche del 23 de noviembre del 1988. La ciudad estaba paralizada porque los terroristas habían convocado a un Paro Armado y a primeras horas de la mañana el capitán “Rogelio”, que se encontraba en la casa de la campesina asesinada, reportó que Bustíos y Rojas habían intentado ingresar a la casa de las víctimas a tomar fotos. “Rogelio” sostuvo que les recomendó que fueran a a pedir permiso a la base. En efecto, Bustíos y su esposa se aparecieron en el cuartel de Castropampa, solicitando entrevistarse con el jefe de la Base.

–¿Y Urresti?
–La Vera Hernández recibió a Bustíos en la puerta del cuartel e hizo tiempo para que la patrulla militar se movilizara hacia la zona. La Vera Hernández llamó a Urresti y a “Centurión” para movilizar gente a un punto intermedio de la carretera a Erapata con la finalidad de emboscar a Bustíos. Es así que cuando Hugo Bustíos y Eduardo Rojas llegaron al punto donde se encontraban Urresti, Centurión y otros, estos fueron acribillados.

–¿Quiénes más participaron en el ataque?
–Un suboficial de apellido Rojas y otro que no recuerdo su nombre.

–¿Por qué no lo dijo ante el tribunal que lo juzgó?
–Por un mal espíritu de cuerpo. Me engañaron con promesas falsas y por eso estoy acá, jodido.


–En el juicio quedó acreditado que fue usted quien arrojó el explosivo sobre el cuerpo de Bustíos…
–Vidal Sambento rompe en llanto. “Te juro por mi familia”, suplicó. “No maté a Bustíos, lo hizo Urresti Elera”.

NUEVO TESTIGO

En febrero del 2008, Arroyo recibió una llamada telefónica del teniente EP Edgardo Nicolás Montoya Contreras. Acordaron reunirse en una de las avenidas que conducen al Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Montoya dijo que había trabajado como oficial adjunto del Departamento de Logística del Cuartel de Castrompampa, en Huanta, en 1988. Era el encargado del mantenimiento de los vehículos militares del destacamento.

Montoya le aseguró a Arroyo que, el día del asesinato, vio partir a Urresti y a Jhonny Zapata Acuña, Centurión, en un vehículo militar rumbo a Erapata.

En abril del 2008, Sanbento y Montoya ratificaron sus acusaciones contra Urresti ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho que reabrió el caso. El 17 de junio del 2013, el Segundo Juzgado Penal de Ayacucho abrió proceso penal contra Urresti considerándolo “autor mediato” del asesinato de Bustíos.

El expediente está ahora en manos del fiscal superior Luis Landa Burgos, quien opinará si hay mérito para llevar el caso a juicio oral o si este se archiva.


martes, 8 de julio de 2014


EL PASADO AUN NO LO CONDENA


Fuente: diario La República
08 de julio de 2014
Los problemas por el nombramiento de Daniel Urresti en el Ministerio del Interior recién comienzan. El ex jefe de Inteligencia del cuartel de Castropampa tiene todo el apoyo del gobierno. El Fiscal de la Nación Carlos Ramos en una situación ventajosa.
Ricardo Uceda (El Informante)
El 2 de octubre del 2007 una Sala Superior del Poder Judicial sentenció a dos militares por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Huanta,  Hugo Bustíos. Un mes después, uno de ellos llamó desde el penal de San Jorge a Abilio Arroyo, periodista del mismo semanario.
Si vienes a verme te revelaré el nombre de los otros militares que participaron en el crimen —le dijo.
Era Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato, quien había sido sentenciado a quince años de prisión como coautor del asesinato. Prestaba servicios en la base de Castropampa, cuyos efectivos lo cometieron. El otro sentenciado —a diecisiete años—  era el jefe de la base, Víctor La Vera Hernández. Compartía prisión con Vidal en San Jorge. Pero cuando Arroyo fue a visitar a Vidal, La Vera no se hallaba con él.
Estaban peleados.
Según dijo Arroyo para esta nota, encontró a Vidal desencajado y profundamente disgustado con La Vera. Lo había convencido de que mantuviera en el juicio la versión de la inocencia de ambos, asegurándole que, al final, ambos serían absueltos por falta de pruebas. Pero el resultado fue desastroso. Y ahora Vidal quería que el semanario al que pertenecía  la víctima supiera la verdad.
La Vera, en cambio, se mantenía fiel al libreto original. No habló con el periodista.
CITA EN SAN JORGE
Fue entonces cuando Arroyo escuchó por primera vez la incriminación que hizo Vidal de Daniel Urresti, el oficial a cargo de Inteligencia en la base de Castropampa. Dijo que Urresti había dirigido el operativo que produjo la muerte de Bustíos. El periodista, acompañado de su colega Eduardo Rojas, se dirigía en moto a recoger información sobre unas muertes, y en el camino fueron emboscados por los militares, quienes abrieron fuego sobre ellos. Rojas cayó al piso y  pudo huir.  Bustíos quedó malherido en el lugar. Uno de los asesinos hizo volar su cuerpo con un explosivo.
Con posterioridad a esta entrevista, Arroyo se entrevistó con un segundo militar que por entonces prestó servicios en Castropampa: Edgardo Montoya. Estaba a cargo de la logística de la base, y en lo sustantivo complementó la información que le había entregado Vidal. El día del asesinato Montoya, según dijo, vio partir a Urresti en un vehículo de la base, a la cabeza del equipo de inteligencia que dirigía. Montoya tenía, además, otras hipótesis sobre el móvil del asesinato, que por el momento el periodista mantiene en reserva. Arroyo nunca publicó sus diálogos, que le fueron dados en forma confidencial. No podía atribuir la incriminación a una fuente específica. 
Pero después Vidal y Montoya le contaron su versión a un fiscal. El Ministerio Público había recibido de nuevo el expediente por mandato de la misma sentencia, con el encargo de continuar investigando hasta hallar al resto de responsables. Con estos testimonios el caso dio un vuelco. Sin embargo, la nueva información no llegó a convertirse en noticia hasta que Urresti fue nombrado ministro del Interior. Requerido por el fiscal, dijo básicamente lo mismo que aseguró en la prensa por estos días: que Vidal y Montoya eran oficiales a quienes descalificaba su mala conducta, y que le guardaban animadversión por haberlos puesto en evidencia.
MALAS RELACIONES
Ahora bien, Vidal y Montoya no solamente incriminaron a Urresti. También a Johnny Zapata Acuña, un sargento conocido como Centurión. Montoya dijo haberlo visto subir al vehículo que hizo el operativo. Centurión tiene otros antecedentes de violaciones de derechos humanos. Fue acusado de cometer la matanza de Chilcahuaico, en 1990, en la que hubo diecisiete víctimas. Sobre esta incriminación a Centurión, quien nunca fue habido, Urresti no ha dicho nada. Afirma que no lo conoce. ¿Los testigos también le tenían hostilidad? 
Llegados a este punto, el Ministro del Interior tiene en favor suyo su propia versión y el aval del presidente Humala, quien antes de nombrarlo como ministro llegó a la convicción de que no es culpable. Es lo que ha declarado. Este es uno de los aspectos extremos de la situación, pues así como nadie puede decir que Urresti es asesino, pese a que dos testimonios directos lo incriminan, no hay cómo sacar la conclusión de que es inocente. La versión de Urresti es que él estaba a cargo de la inteligencia y contrainteligencia de su grupo, pero que no participó en el operativo dispuesto para matar al periodista. Y tampoco escuchó ni supo después nada sobre los sucesos. Esta posición la mantiene aún después de que la Corte Superior de Justicia haya sentenciado a La Vera, el jefe de la base, a diecisiete años de prisión.
De modo que Urresti, aparte de declararse inocente, como es su derecho, tampoco ha colaborado con la justicia. 
NO SABE NADA
La noche del 3 de julio, en la reunión que tuvo Urresti con directivos del Consejo de la Prensa Peruana, el director de Caretas Marco Zileri le llamó la atención sobre este punto: 
—Bien. Admitamos que usted no es culpable. Pero era el jefe de inteligencia. ¿Cómo ocurrió el asesinato?
Urresti dijo que no sabía y Zileri protestó, incrédulo. Es que con el asesinato de Bustíos ha ocurrido lo mismo que con tantos: un sistemático entorpecimiento de las investigaciones por parte de los militares. Luego del crimen, la policía y el Ministerio Público encontraron un escenario barrido. No hallaron pisadas ni cartuchos que hubiesen permitido la realización de pericias. El Ejército, a cargo de la seguridad, no dispuso una orden de búsqueda de los responsables del crimen, como era pertinente ante un hecho de esa naturaleza. Cuando aparecieron los nombres de Antonio Pacheco Aguado y Segundina Gálvez Porras como posibles testigos de cargo, quienes habían afirmado que los atacantes fueron militares, el Ejército los aprehendió. Fueron conducidos a viva fuerza al cuartel que se encontraba al mando del acusado La Vera. Allí se les conminó a variar su versión, y se les detuvo bajo la imputación de haber cometido terrorismo, como consta en la papeleta de libertad obrante en el Juzgado Penal de Huanta y en las manifestaciones rendidas por ambos.
 Peor aún: en el juicio oral compareció el ex Juez Moisés Ochoa Girón, refiriendo que su domicilio fue objeto de allanamiento por miembros del Ejército, una vez que abrió proceso en el fuero común contra los acusados. En esta primera etapa las cosas estuvieron dirigidas a que el Fuero Militar asumiera el caso, lo que finalmente ocurrió. En 1991 declaró que no había pruebas para incriminar a ningún oficial de la base.
OLLA DE PRESIÓN
Diez años después, fue posible realizar un juicio en el fuero civil porque el gobierno peruano, durante la gestión de Valentín Paniagua, llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar soluciones integrales a más de 156 casos de violaciones de derechos humanos cuyos expedientes estaban embalsados ante el organismo internacional. El de Bustíos era uno de ellos. Aunque el Ministerio de Defensa no proporcionó ninguna información útil al juzgado, el primer juicio pudo desarrollarse porque había testimonios que comprometían a La Vera y Vidal. Las nuevas evidencias resultantes de las declaraciones de Vidal y Montoya permitieron abrir un proceso ordinario cuya primera parte, la instrucción por parte de un juez penal y un fiscal provincial, ya se cumplió. El fiscal, de acuerdo con su investigación, lo considera autor directo del asesinato, y el juez que dictó el auto apertorio de instrucción, responsable indirecto o mediato. Un fiscal superior debe decidir si lo acusa o no. En caso afirmativo, Urresti deberá afrontar un juicio oral.
Pero ahora su nombramiento en el Ministerio del Interior lo distorsiona todo. Un ministro caro al presidente Humala, depende de una decisión de una Fiscalía de la Nación cuyo jefe, Carlos Ramos, necesita legitimarse por los cuestionamientos en su contra. El terreno para un entendimiento mayor entre ambos ya tiene una alfombra roja. Luis Landa Burgos, el magistrado que debe pronunciarse sobre la responsabilidad de Urresti, jugará su partido bajo una enorme presión. Humala también. El de Bustíos fue un caso llevado a la CIDH por importantes organizaciones mundiales, entre ellas el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), que se encargarán de la campaña internacional que merece la condena a un nombramiento tan grotesco en el gabinete peruano.

lunes, 7 de julio de 2014


ASEGURANDO LA CIUDAD


07 de julio de 2014

Seamos sinceros: una gran mayoría está convencida que un 50 por ciento (o más) de los miembros de la Policía son corruptos. Desde luego que hay muchos tipos honestos, profesionales y excelentes técnicos que se rompen el lomo para servir a la comunidad y para llevar un pan a su hogar. También los hay aquellos que, empujados por la corriente mayoritaria que inunda la moral y los ánimos internos, caen en la tentación o simplemente son obligados a cometer delitos. Recordemos que en la mayoría de comandancias policiales los jefes –no necesariamente el Comisario- arman intervenciones para obtener dinero fácil y rápido. Ahí están los famosos operativos cerrojos o los denominados de “alcohlemia” los fines de semana, que no son otra cosa que ferias extorsivas en donde la tarifa para “arreglar” sube unas 10 veces.
Les cuento una experiencia. Hasta hoy existen dos “rompemuelles” en la av Pachacutec en SJM (entre el ex Cine Susy y el paradero el Poso), construidos a la mala por los propios policías hace unos tres años  para lograr que los autos bajen su velocidad y así poder detenerlos. En ese lugar, en las noches, se han producido innumerables accidentes porque no están señalizados y son tan altos y antirreglamentarios que, si uno no conoce la zona y viene manejando a velocidad, puede salir volando por los aires. Durante más de tres años ese lugar era una garita de extorción donde la policía de la zona se dedicaba todo el día a buscarle la sinrazón a los conductores de microbuses. Los policías que estaban de descanso (no me consta si hasta ahora lo hacen) asistían al lugar en sus autos particulares, dentro de ellos se cambiaban y ponían chaleco de la sección de Tránsito y se sumaban a los “operativos”. En la zona denominada Pista Nueva la cosa es más descarada. En el tramo comprendido entre SJM y Villa María la intervención a vehículos y mototaxis se producen a cada rato. Pero no se trata de ningún reten de seguridad para encontrar armas o delincuentes, porque nunca han dado a conocer ningún logro en ese sentido.
Con la era del ministro Urresti, la cosa ha cambiado, momentáneamente, porque todos tienen que estar pendientes de lo que va a hacer o se le va ocurrir. Por ejemplo, movilizar personal para acompañarlo cuando se le ocurre darse un baño de popularidad por una zona empobrecida o cuando  le da la gana de revisar la asistencia del personal en una Comisaria. Eso lo puede hacer ( y debería ser parte de su función) los servicios de contrainteligencia. Ese estamento de toda fuerza operativa que está preparado para hacer un control interno y detectar infractores y malos funcionamientos y reportarlos a las instancias ministeriales. Y Urresti lo sabe, porque se ha desempeñado en ese puesto durante muchos años en su vida militar. ¿Por qué no lo hace ahora como ministro del Interior? Porque perdería protagonismo y pareciera que es lo único que sabe hacer bien.
EL PANORAMA
Dos momentos en las últimas horas grafican el estado en que se encuentra la seguridad ciudadana en el país. Mientras Nicolas Lucar y “pajarito” de los Barracones del Callao armaban una visita con el ministro Urresti , para demostrar una supuesta aceptación popular, en pleno centro de Miraflores, unos sicarios metían bala a diestra y siniestra en un McDonald donde minutos antes había finalizado una fiesta infantil. Pasaba por ahí y lo que se vivió fue una pesadilla; las balas la sentías tan próximas que el caos se apoderó de todos. Finalmente resulto un empresario asesinado y la fachada de la pollería agujereada por las balas. ¿Qué pasó? Pasó que el ministro en lugar de ir a figuretear al barrio del  famoso animador callejero “Pajarito” (experto en armar casos para Laura Bosso) debió ir a la zona del Callao en donde viven por cientos los sicarios que venden sus servicios al mejor postor y que tienen armas hasta para alquilar. Sí, ese lugar del Callao en donde hay unos complejos habitacionales, a donde por décadas ningún policía se ha atrevido a ingresar. Desde ahí salen los equipos de asesinos a sueldo que terminan con la vida de ciudadanos caídos en desgracia o que tienen cuentas por saldar. Y que no me digan que la Policía y sus servicios secretos no saben de qué lugar se trata. Sino que les faltan pantalones y decisión política para acabar con esas mafias devenidas en industria del crimen.
Por supuesto Urresti no habla del sistema preventivo de patrullaje, de la gasolina destinada  para que motos y patrulleros salgan por centenares a las calles a disuadir el crimen organizado y el de poca monta. Arremete contra los presos de los penales; que por qué tienen TV en sus celdas, por qué tienen un perro de mascota, cuestiones intrascendentes que al trastocarlas pueden provocar un clima de tensión innecesario y alentar motines. La ciudadanía harta de inseguridad desea protección, sentir que su Policía previene los actos delincuenciales cayéndoles encima antes que se organicen para robar, atacar o matar; necesita ver que la Policía patrulla sus calles y no le delega esa función a las pobres organizaciones vecinales, desarmadas y amparadas solo en un silbato.
SOLUCIONES
Recomponer el servicio de contrainteligencia en la Policía (hoy subsumida en la llamada Inspectoría  general) que se aboca a temas administrativos y poco hace por regular el buen desempeño ético y moral de los miembros del cuerpo policial. Es decir reventar desde dentro las mafias y cogollos lumpenescos que se anidan en las áreas operativas. Para ello se tiene que seleccionar a personal que esté dispuesto a jugarse el pellejo por salvar el prestigio de la institución policial y el líder de ese grupo renovador tiene que ser alguien capaz de exponer hasta su integridad física de ser necesario tal como lo hizo el famoso Sérpico que pudo recomponer a la Policía de New York.
Segundo, dejar de lado la política del policía “de a pie” que solo desperdicia personal en una presencia estéril en las calles, mientras que los delincuentes, llámese ladrones de autos, asaltantes, marcas, “raqueteros”, secuestradores, etc se desplazan en autos modernos burlándose de sus potenciales captores. También se debe organizar, identificar y carnetizar a todos los motociclistas y taxistas de tal forma que no puedan ser infiltrados por la delincuencia. Hoy por hoy, los vendedores de drogas a delivery (llamados dealers en el argot narco) se transportan en motos lineales y mototaxis, igual uso de esos vehículos hacen los “marcas” y asaltantes oportunistas quienes patrullan las calles en busca de victimas. Ellos si “patrullan” pero para atentar contra el prójimo.

Y, finalmente, utilizar los cientos de patrulleros que se han adquirido (y piensa adquirir) para resguardar por cuadrantes la ciudad y periferias en forma inteligente y organizada, las 24 horas del día. Recuérdese que está probado que la mayoría de actos delictivos se producen entre las 11 de la noche y 6 de la mañana. Aunque la compra de vehículos debió priorizar también a las motocicletas por ser mas económicas y especiales para hacer persecuciones, no se hizo porque ellas consumen poca gasolina y las mafias internas en la Policía requieren del millonario presupuesto que el Estado destina para adquirir gasolina. Más claro aun, los patrulleros estaban destinados a ser alimentados por gas natural pero oscuros intereses movieron sus influencias para que se persista en vehículos gasolineros. El panorama esta allí, solo falta ponerlo en marcha. ¿Lo harán?