Las voces de protesta, por este evidente atropello, han sido sospechosamente pocas. Lo mismo sucedió cuando el gabinete presidido por Jorge Del Castillo decidió cerrar una radio de Pisco porque le enrostraba su inacción para asistir a los dannificados del terremoto en el sur del país.
Además, recordemos que la reciente intención de tomar Panamericana Televisión es inobjetable, aunque solo haya quedado como un acto fallido.
Y ahora, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, es detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegaba de los EE.UU. Lo acusan de falsificación de documentos en un juicio entablado por la ONPE que tendría una antigüedad de un año.
Aunque el juez suplente que ordenó su captura alega no haberle podido notificar de su apersonamiento al juicio entablado contra él, resulta claro que no se trata de una eficaz acción del sistema judicial sino de un vejatorio acto de amedrentamiento.
Carlos Rivera, junto con otros tres abogados del IDL, aportó las mejores pruebas que hundieron a Fujimori y lo llevaron tras las rejas. Rivera, es uno de los puntales principales de la acción que lleva adelante la sociedad civil para reabrir el caso de la matanza de El Frontón, que tiene como principales acusados, nada menos que a Alan García, al vicealmirante (r) Giampietri y al alfil del sector duro del Apra, Agustín Mantilla.
Deja Vú
Los estados alterados, que llevan a García a cometer tropelías cuando se ve acosado por sus detractores, no son nuevos. Como se sabe, en junio de 1986, cuando el Apra encabezada por García se aprestaba a recibir a cientos de políticos de la Internacional Socialista, se produjo un descomunal levantamiento de los internos de los tres principales penales de Lima.
Como la acción se convirtió en un desafío para sus planes de anfitrión, Alan García ordenó el aplastamiento, a sangre y fuego, de los presos sublevados. Más de trescientos reclusos acusados de subversión fueron muertos (la mayoría de ellos cuando se encontraban rendidos).
Para que no informen de la magnitud de la matanza, el régimen aprista tomó el control de varias radios capitalinas de oposición e impuso un chantaje publicitario a los principales periódicos y canales de televisión de la época.
Y no se contentó con ello. Semanas después, con su displicente y casi cómplice “oposición”, comenzó a operar el “Comando Rodrigo Franco”, integrado por miembros del SIE y estudiantes apristas de las universidades Villareal y Garcilaso de La Vega. Estos paramilitares, eran dirigidos por Agustín Mantilla y su hermano Jorge Luis desde su vivienda de San Miguel, convertida en un fortín.
Se iniciaron los secuestros y crímenes contra abogados defensores de los asesinados en El Frontón .Primero, fue secuestrado y desaparecido el abogado José Vásquez Huayta, luego, el Dr. Manuel Febres fue apresado a media cuadra de su departamento de Miraflores y apareció baleado en la salida del túnel de La Herradura.
El comando de la muerte se fortaleció y extendió sus acciones a varios departamentos convulsionados por el terrorismo de la época. Casi a finales de la década (entre 1988 y 1990) el Apra, a través del grupo paramilitar antes mencionado, intentó dinamitar las instalaciones del periódico El Diario que asumía una línea editorial a favor del terrorismo.
A los meses, enviaron una carta bomba a la redacción de la revista Cambio (fundada y dirigida por el hoy Premier Yehude Simon), ocasionando la muerte de la redactora Melisa Alfaro y grandes destrozos en el local. Meses después, García se las emprendió abiertamente contra la prensa que iba adoptando posiciones extremistas. Primero, clausuró la revista Cambio, ligada presuntamente al MRTA y luego hizo lo mismo con El Diario, abiertamente ligado, por lo menos ideológicamente, a Sendero Luminoso.
La historia podría repetirse ahora, aunque en otro escenario y con otros actores.
El Apra, ha demostrado, a través de su historia como gobernantes del país, que pueden administrar el Estado con cierta prudencia y hasta exitosamente, eso sí, cuando tienen el viento a su favor, cuando la oposición congenia con sus planes y le hacen el bajo en sus proyecciones, pero cuando se asoman las dificultades y críticas suelen perder el control. Allí está la matanza que lleva García en su haber (o debe) como una corona de espinas que lo mantiene con una paranoia histórica.
El encarcelamiento, aunque sea por uno o dos días, del abogado Carlos Rivera, en la actual circunstancia, denota una advertencia para quienes se atreven a pechar la versión oficial y contradecir, por ejemplo, el monto oficial de víctimas civiles en Bagua.
El régimen aprista habla de sólo 9 pobladores muertos en los fatídicos sucesos, mientras que la Coordinadora Nacional de DD.HH (a la que pertenece el abogado Rivera) habría contabilizado unos 65 desaparecidos de los que nadie da cuenta.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) se pronunció así
Augusto Álvarez Rodrich hace un sesudo análisis sobre el tema en "La legalidad en la Otra Ribera"
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