CHUPONEO: Nuevas Aristas

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El “candado” aprista para eludir las investigaciones
El régimen aprista ha tratado por todos los medios de frenar La hemorragia de audios que publicó el periodista Pablo O´Brian.Sigue en pie El Proyecto de Ley para sancionar con cárcel a los periodistas que difundan, divulgen, reproduzcan o publiquen documentos sonoros o visuales ligados a la corrupción. Se pretende así frenar el descrédito producido por la retahíla de audios que develan la podredumbre en los negocios, adjudicaciones y construcciones que viene haciendo el gobierno aprista.
Otros, le han servido de tontos útiles difundiendo un golpe de Estado en ciernes, desviando así la atención del meollo del asunto. Y es que Alan García y compañía ya no soportan la crítica (Ni siquiera las preguntas incómodas).
Anda de pésimo genio desde octubre del año pasado cuando se conocieron los llamados “petroaudios”.Desde aquella fecha ha insistido en métodos y maniobras para acallar las denuncias. Empezó frenando la difusión dosificada de los audios que tenía en su poder el periodista de El Comercio Pablo O´Brian.El régimen presionó por el lado de la venta –harto criticada- del aeródromo de Collique al consorcio que integra la familia Graña (fundadora del decano).
Más antes, a finales del 2006, también se había mostrado áspero e irascible cuando la prensa descubrió a su nuevo hijo haciendo vida hogareña en Palacio de Gobierno. Esa vez Rosa María Palacios le encaró el tema en una entrevista pero Alan la esquivó y terminó malhumorado. De aquella fecha dataría la tirria contra la Palacios.
Dos años después con la erupción de los “petroaudios” vinieron presiones y “denuncias” contra la propia Rosa María Palacios y Raúl Wienner del diario La Primera. Ahora cabe preguntarnos quiénes serán sus próximos blancos. No se sabe, aún.
Lo más grave del asunto es la pretendida Ley aprista que sanciona a los periodistas que se valgan de grabaciones obtenidas sin el permiso de los involucrados o de la justicia. Sabiendo cómo funciona el Poder Judicial en el Perú, la prensa se vería expuesta a que se oculte el material obtenido o, debido a la presión política del régimen, se impida la difusión del delito.
Los representantes del gobierno se han esmerado en explicar que el proyecto no busca atentar contra la libertad de expresión ni el derecho de la población a ser informada cuando se comprueba un delito.
En suma, la verdad absoluta que el régimen pretende vendernos (con la ayuda del Decano de la prensa) es que el delito radica en “chuponear” las comunicaciones de terceros. Los contenidos, destapes y horrores éticos que de allí devengan carecen de legitimidad por lo que no pueden ser objeto de sanción. Quieren hacernos creer que los sancionables son los que interceptan comunicaciones y no aquellos funcionarios estatales y amigos de partido que tejen mafias para repartirse los dividendos.
AY, LOS MARINOS
El otro eslabón que se pretende ocultar es la función de espionaje sin límites que viene ejerciendo nuestra Marina de Guerra desde hace bastantes años. Es harto conocido que casi todo el personal técnico de comunicaciones e inteligencia de esa fuerza terminan trabajando para conglomerados de espionaje formado por altos oficiales.
La inteligencia Naval, aprovechando sus contactos con los altos oficiales que conforman seudo empresas de seguridad, establecen puestos de inteligencia sirviéndose de los nuevos recursos técnicos y ramificaciones. Por ello resulta comprensible que el Vicepresidente de la República, Luis Giampietri, intente sacudirse de los lazos que lo vinculan con el jefe de los chuponeadores recientemente descubiertos.